En su plan de optimizar el gasto estatal, el presidente Luis Abinader ordenó ayer la eliminación de tres instituciones, las cuales tienen un presupuesto combinado de 179,739,167 pesos y una nómina de casi un centenar de empleados.

Se trata de la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria, la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología y el Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa). Para ello, el mandatario firmó los decretos 637-24, 636-24 y 640-24, respectivamente.

Las liquidaciones serían parte de unas ocho o nueve instituciones que se prevé eliminar en el periodo 2024-2028, según lo proclamó Abinader durante la pasada campaña electoral. Estas eliminaciones no incluyen las grandes entidades, entre ministerios y direcciones, que se iban a unificar o suprimir como parte del plan de reforma fiscal presentado por el Gobierno y que luego fue retirado.

¿Qué tan significativas eran estas entidades?

Según las descripciones de sus objetivos, las funciones del trío de entidades ya son realizadas por otras mayores. 

La Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria fue creada en 2005 por el expresidente Leonel Fernández mediante el decreto 144-05, con el objetivo de diseñar una estrategia portuaria a largo plazo, realizar un diagnóstico de las infraestructuras para convertir al país en un referente en comercio, y organizar licitaciones para modernizar los puertos.

Hasta septiembre de 2024, esta entidad contaba con una nómina de 47 empleados y un presupuesto aprobado para el año de algo más de 81 millones de pesos. Dependía de la Autoridad Portuaria Dominicana y estaba dirigida por Francisco Alejandro Campos Álvarez. Su organigrama incluía un vicepresidente y las direcciones de Administración y Finanzas, Portuaria y Desarrollo Portuario.

Con sede en el muelle de Haina, estaba integrada por más de 10 instituciones, entre ellas la Autoridad Portuaria, el Ministerio de Obras Públicas, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (hoy Pro Dominicana) y la Marina de Guerra. En la plataforma Compras Dominicana solo registra un proceso de compra, fechado en 2017, para la adquisición de almuerzos por 669,900 pesos. Además, su inventario incluía tres vehículos adquiridos en 2023.

Conapofa, creada por Balaguer en el 1968

El Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa) fue creado por Joaquín Balaguer el 14 de febrero de 1968 mediante el decreto 2091, con la finalidad de «estudiar, investigar, analizar y divulgar todo lo relacionado con el crecimiento, movilidad y proyección poblacional del país».

Este organismo, adscrito al Ministerio de Salud Pública, era dirigido por Obed Alexander Fabián Leonardo. Para 2024 contaba con un presupuesto de 58,074,067 pesos y una nómina de 38 empleados con salarios que oscilaban entre 10,000 y 245,000 pesos. Sus actividades se centraban en la impartición de charlas sobre acoso y violencia familiar, acciones que ya son realizadas por otras instituciones.

Tenía sede en Nueva York

La Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología fue creada en septiembre de 2004 por Leonel Fernández mediante el decreto 1133-04, con el objetivo de «posicionar a la República Dominicana como uno de los países latinoamericanos de gran incidencia en el desarrollo de temas científicos y tecnológicos».

El decreto estableció su sede en Nueva York, desde donde se gestionaría la atracción de recursos humanos y económicos, y la obtención de fondos y financiamientos en áreas prioritarias para el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Curiosamente, en ese momento, Fernández nombró a José Manuel Santana, quien, hasta su abolición ayer martes, seguía en el mismo cargo. Su nómina actualizada a octubre de 2023 incluía a 14 empleados con salarios entre los 18,000 y 265,000 pesos, y un presupuesto para 2024 de 40,582,892 pesos.

Las que ya se fueron

Estas entidades se suman a la lista de otras que han sido eliminadas por los gobiernos de Abinader. Según declaraciones previas del mandatario, algunas de estas instituciones funcionaban como estructuras clientelistas.

Entre ellas, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), involucrada en sonados casos de corrupción, fue disuelta y sus activos pasaron al nuevo Ministerio de la Vivienda, que surgió a partir del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI).

Otros organismos eliminados incluyen el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Central de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican), cuyas funciones ya se solapaban con las de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) fue reemplazada por el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) para gestionar las tres distribuidoras estatales de energía.

Asimismo, se liquidaron el Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (Procomunidad), la Corporación de Empresas Estatales (Corde) y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

El Despacho de la Primera Dama fue reducido a una modesta oficina en el Palacio Nacional, donde Raquel Arbaje coordina ayudas sociales junto a su rol de directora del Gabinete de la Niñez.